Bogotá, 30 abr (Prensa Latina) El exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Reyes, reveló hoy detalles sobre los mecanismos adoptados para legalizar el despojo de tierras en el país, en línea con los intereses de grupos paramilitares y actores privados.
Como parte de las investigaciones del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o por agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado, el exfuncionario expuso su sometimiento a grupos criminales en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Reyes, de conjunto con otros servidores públicos, aprovechó su puesto para facilitar operaciones que promovieron el desplazamiento forzado, la legalización del despojo de tierras a través de compras a precios irrisorios, el acaparamiento y la reasignación de terrenos a través de trámites irregulares, en varios municipios del corredor minero de Cesar (noreste) y otras zonas aledañas.
Añadió la información de la JEP que estas operaciones ilegales se cometieron en alianza y en respuesta a los intereses de los frentes ‘Mártires del Cacique de Uparâ€Ö y ‘Juan Andrés Álvarez Pastranaâ€Ö, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, como también para satisfacer los intereses de actores económicos privados de la región.
La evidencia recabada por la magistratura permitirá analizar, identificar y esclarecer los patrones de macrocriminalidad ejercidos en esta parte del país contra parceleros en al menos 11 predios; abundó la comunicación de la entidad
Asimismo, facilitará probar cómo el desplazamiento forzado y el despojo de tierras tienen una relación directa con entramados criminales constituidos a partir de alianzas y connivencias entre miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y paramilitares.
Reyes, quien cuenta aún con investigaciones abiertas en la justicia ordinaria, y ya cumplió una pena de 10 años de cárcel por desplazamiento forzado y otros delitos, se encuentra actualmente a la espera de que se resuelva su solicitud de sometimiento a la JEP.
Revelan detalles de nexos entre despojos y paramilitares en Colombia
